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EJIDATARIOS DE BC: "EL GOBIERNO ESPERA QUE TRABAJEMOS POR DEVOCIÓN"

  • Foto del escritor: MI Redacción
    MI Redacción
  • hace 6 días
  • 4 Min. de lectura

• Más de 80 productores participaron en la segunda reunión regional del Frente Unido, donde especialistas advirtieron sobre el cambio en la narrativa oficial y los riesgos jurídicos de la iniciativa.



En el salón del Ejido Real del Castillo se celebró este viernes 17 de abril la segunda reunión regional del Frente Unido de Ejidos, Agricultores, Ganaderos y Pescadores de la Zona Costa de

Baja California en la región de Ojos Negros, con asistencia de alrededor 80 productores y ejidatarios de la demarcación; el evento contó, además, con la participación de ejidatarios de San José de las Palomas y La Rumorosa.


En el presídium estuvieron Raymundo Carrillo Huerta,

coordinador del Frente y presidente del Ejido Nacionalista; Aldo Lencioni, del Ejido Real del Castillo; Manuel Velázquez, del Ejido Laguna de Hanson; Alberto Borja, del Consejo de

Vigilancia de la Unión Ganadera Regional de Baja California; y la licenciada Marisela Pérez Prado, presidenta del Colegio de Abogados Agrarios de Ensenada.



LAS AUTORIDADES YA SE MUEVEN

Carrillo Huerta abrió la sesión advirtiendo que el debate institucional sobre la reforma ya está en marcha: el pasado 10 de abril, la Suprema Corte, la Sedatu, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional emitieron un comunicado conjunto anunciando una alianza para la defensa de la "propiedad social de la tierra", con enfoque en derechos humanos, medio ambiente, pluralismo jurídico e interculturalidad. Para el Frente, esto es señal de que las autoridades se están

organizando para encuadrar el debate sobre la reforma en sus propios términos.


Señaló además el deterioro económico del sector: el valor de la producción agrícola ha caído un 30% en los últimos cuatro años pese a que los costos de producción están en máximos históricos.

Como ejemplo, indicó que una hectárea de pepino persa en agricultura protegida puede superar el millón de pesos en producción, sin que existan apoyos ni garantías de precios. Los recursos de la SADER, dijo, se han concentrado en semillas y fertilizantes para huertos de autoconsumo, dejando fuera a los productores comerciales.




PATRIMONIO EN RIESGO

La licenciada Pérez Prado identificó un cambio deliberado en la narrativa oficial sobre los agricultores: el gobierno ha comenzado a referirse al ejido como "propiedad social" y a invocar los derechos a la dotación de tierra y agua de los "pueblos afro indígenas". Señaló que el ejido es un ente con personalidad jurídica y patrimonial propia, y no puede ser socializado. Agregó que no existe justificación para impedir el paso a dominio pleno de las parcelas ejidales, ya que ello

equivale a restringir un derecho consolidado que afecta a apenas 5.5 millones de ejidatarios en

todo el país.



Cuestionó además que se señale a los ejidatarios como acaparadores de agua mientras las grandes concesiones se otorgan a empresas privadas como Coca Cola sin consecuencia y en complicidad con el gobierno. Subrayó que los problemas del campo no se resuelven con programas sociales, sino con política pública que parta de un diagnóstico real del nivel de

desarrollo y capacidad productiva de cada ejido, zonificación que históricamente ha estado

ausente.


Lencioni añadió que la reforma eliminaría la capacidad de los ejidos para asociarse con fines de lucro. "El gobierno espera que trabajemos por devoción y no por dinero, como todas las

personas", señaló. Los ejidatarios presentes coincidieron en que su oposición no es partidista, sino patrimonial, y criticaron que en los últimos años se haya equiparado a los pequeños

propietarios con latifundistas. Como ejemplo de previsión ante este tipo de restricciones, citaron el caso de Playas de Rosarito, donde el 97 % de la propiedad ejidal fue convertida a dominio

pleno años atrás.




CONTRADICCIONES INSTITUCIONALES

Los asistentes apuntaron varias contradicciones entre el discurso oficial y los hechos. El gobierno anunció la creación de mil nuevas extensiones de la Procuraduría Agraria a nivel nacional, pero el año pasado recortó su presupuesto en un 40%, al grado de que la delegación estatal no puede

cubrir ni el pago de su renta. El procurador agrario, designado por el Ejecutivo, ha adoptado el discurso sobre la democratización de la tierra, lo que genera desconfianza sobre la imparcialidad de la institución. Pese al compromiso gubernamental de consultar al sector productivo en la

renegociación del T-MEC, ningún productor del noroeste del país ha sido contactado, dejando en la incertidumbre tanto a exportadores como a productores de trigo que compiten con

importaciones.



UN MOVIMIENTO QUE NO PARA

El Frente ha celebrado ya encuentros en Maneadero, el Valle de Guadalupe, Ojos Negros y San Quintín, sumando la participación de cientos de ejidatarios y representantes de decenas de núcleos agrarios. La próxima reunión será el 15 de mayo en Playas de Rosarito, seguida de encuentros en Bahía de los Ángeles y Guerrero Negro, y una reunión con líderes agropecuarios nacionales en Guanajuato.


El Frente llega a esa cita nacional con una organización regional

consolidada y la seguridad de que en Baja California, el campo ya demostró que puede producir sin el apoyo del gobierno. Lo que pide ahora es que el gobierno no se interponga.


Ejido Nacionalista. Comunicación social (2026)

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